En las décadas recientes se atestigua un aumento acelerado de los flujos metabólicos o biofísicos (de materiales y de energía), y consecuentemente de la explotación del trabajo aunado a un proceso estructural de despojo de los bienes comunes. El resultado es una correlación entre la dinámica del aumento de flujos biofísicos y la de acumulación de capital. De ahí que se estime que entre 1900 y el 2000, cuando la población creció cuatro veces, el consumo de materiales y energía haya aumentado en promedio hasta diez veces: el incremento del consumo de biomasa se estima en 3.5 veces, el de energía en 12 veces, el de metales en 19 veces y el de materiales de construcción, sobre todo cemento, unas 34 veces (Krausmann et al, 2009). Al cierre del siglo XX la extracción de recursos naturales era de 48.5 mil millones de toneladas (más de una tercera parte biomasa, 21% combustibles fósiles y 10% minerales), registrándose un consumo global per capita de 8.1 toneladas al año con diferencias per cápita de más de un orden de magnitud (Steinberg, Krausmann y Eisenmenger, 2010). Para el 2010 las estimaciones rondan las 60 mil toneladas de materiales al año y unos 500 mil petajoules de energía primaria (Weisz y Steinberger, 2010). El 10% de la población mundial se acaparaba el 40% de la energía y el 27% de los materiales (Ibid).
Tales ritmos extractivos y de modificación de los espacios territoriales concretos pone ya en cuestión la preservación de los bienes comunes y con ello incluso la viabilidad misma de la vida, no solamente la humana. Dicho de otro modo, la tendencia del sistema actual de producción lastima creciente y dramáticamente las expectativas de las generaciones futuras, diluyendo con ello la posibilidad de dar pie a la construcción colectiva del bien común de la humanidad en sus múltiples formas y modalidades. Justo por ello, es que en el espacio territorial también se gestan las contradicciones, las disputas, conflictos y respuestas sociales, así como otras formas de apropiación y construcción del mismo. En el proceso, la cuestión del metabolismo no es algo menor. Por el contrario, se considera de gran importancia en cualquier intento de construcción de alternativas pues permite analizar la realización del trabajo (y sus modalidades) dando cuenta de los flujos energético-materiales requeridos y del grado de su viabilidad tanto en el tiempo como en el espacio.
Flujos metabólicos, fronteras ecológicas y el estado de los bienes comunes
La sociedad moderna por primera vez en la historia del planeta está transformándolo de tal modo, que algunos expertos incluso sugieren que estamos ante una nueva época geológica: la del Antropoceno.[2] Ello dado que las modificaciones –o nueva “terraformación”– son de gran calado y puesto que su impacto es ya observable a escala global con perspectivas a futuro inciertas y, de seguir la tendencia actual, probablemente irreversibles. La cuestión de fondo es que el ser humano no puede asumirse ajeno al medio ambiente, y en tanto tal, que no puede intervenirlo y manipularlo a placer, al menos sin respetar ciertos límites y procesos, puesto que su existencia parte y depende de un entorno natural que es altamente complejo y finito.
Como resultado de la cada vez más compleja y agresiva relación con el medio ambiente, se están tomando a ritmos insostenibles recursos de la naturaleza, al tiempo que desechan -en la misma proporción- grandes cantidades de residuos, muchos de los cuales su vida media llega a ser de cientos hasta miles de años. Esta dinámica, impulsada por un sistema de producción y organización social que, como se ha dicho, tiene como principal finalidad la acumulación de capital y por tanto la de generar a mayor velocidad ciclos ampliados de producción-distribución-consumo, está alterando los ecosistemas y, en sí, el propio funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del planeta como los conocemos.
Los efectos de tal dinámica son múltiples, siendo el calentamiento global de tipo antropogénico, uno de los más visibles. Se suma también la trasgresión de los límites del ciclo del nitrógeno y del fósforo, la acidificación de los océanos, la destrucción de la capa de ozono, la ruptura con más de 50 mil represas del ciclo hidrológico del agua a la par de un sobre-consumo del líquido, un intenso cambio de uso del suelo, la pérdida creciente de biodiversidad, entre otros fenómenos como el deshielo de los casquetes polares y cuya extensión pasó de 7 millones de km2 en el 2000 a 4.9 millones de km2 en el 2010 (Sin Autor, 2010). Datos sobre el estado actual del orbe con respecto a las mencionadas fronteras ecológicas –dentro de las cuales debería mantenerse el ser humano a modo de no generar cambios irreversibles– se ofrecen en la Tabla 1.
| Tabla 1. Fronteras Ecológicas Planetarias. | |||
| Frontera planetaria | Estado antes de 1850 (preindustrial) | Frontera propuesta | Estado actual |
| Cambio Climático (alteración del ciclo del carbono) | 280 partículas por millón | < 350 partículas por millón | 391 partículas por millón (al 2010) |
| Acidificación Oceánica* | 3.44 Ω arag* | 2.75 Ω arag | 2.90 Ω arag |
| Capa de Ozono | 290 unidades Dobson** | 276 unidades Dobson | 283 unidades Dobson |
| Ciclo biogeoquímico del nitrógeno | 0 toneladas / año | 35 millones de toneladas /año | 121 millones de toneladas / año |
| Ciclo biogeoquímico del fósforo | 1 millón de toneladas / año | 11 millones de toneladas / año | 8.5 – 9.5 millones de toneladas / año |
| Uso humano de agua dulce (alteración del ciclo del agua) | 415 km3 | 4,000 km3 | 2,600 km3 |
| Cambio de Uso de Suelo | Bajo | 15% | 11.7% |
| Pérdida de Biodiversidad (tasa de pérdida de especies) | 0.1 – 1 especies por millón | 10 especies por millón | 100 especies por millón |
| Contaminación química | inexistente | Desconocida*** | Desconocido*** |
| Fuente: Rockström et al, 2009. * Una disminución en el valor significa un aumento en la acidificación. Los datos indican el estado de saturación de aragonita (Ω arag). ** Una unidad Dobson equivale a 0,01 mm de espesor de la capa de ozono en condiciones normales de presión y temperatura. *** No se cuentan con indicadores que permitan medir de modo estandarizado este tipo de contaminación aunque sí existen algunas propuestas metodológicas para tóxicos específicos. De especial atención son los contaminantes orgánicos persistentes, los plásticos, los disruptores endocrinos, los metales pesados y los desechos radioactivos. | |||
Dado que las variables anteriores se refuerzan o retroalimentan unas a otras pero produciendo al mismo tiempo resultados no-lineales y por tanto sinérgicos pero hasta cierto punto impredecibles, a este conjunto de procesos e implicaciones se le ha denominado cambio global. Se trata de toda una serie de alteraciones que se están produciendo de manera más o menos simultánea y que ya afectan de modo multivariado, y en muchos casos desigual, el sistema planetario (incluyéndonos evidentemente a nosotros como parte de ése).
Al respecto, una medida que procura apreciar las dimensiones de tales alteraciones y su gravedad, es la huella ecológica, indicador que calcula -en base al actual modo de vida- el espacio territorial necesario, tanto para producir los recursos y energía empleados, como para asimilar los residuos generados por la humanidad. Los cálculos precisan que ya se sobrepasa entre un 25% y un 39% al planeta Tierra, lo que significa que necesitamos, en el mejor de los casos, un cuarto de planeta adicional para poder mantener los ritmos de consumo y desecho de principios del siglo XXI.[3] Panorama en el que una apuesta de China para alcanzar patrones de producción-circulación-consumo similares a los de Estados Unidos, el mayor despilfarrador energético-material del orbe, requerirían teóricamente seis planetas Tierra.
Es de notarse que los cambios que nos colocan en la actual coyuntura son producto de relaciones sociales y de poder específicas. La responsabilidad mayor no es de toda la humanidad, sino de clases sociales puntuales, de ahí que sea necesario aterrizar lo previamente dicho desde una perspectiva de la ecología política, entendida ésta como el análisis, no meramente de la política en la ecología, sino de las relaciones socioeconómicas y de poder, así como de los conflictos existentes en torno al acceso, gestión y usufructo de los recursos naturales y las diversas narrativas y valoraciones existentes (véase más adelante). La aproximación ha de ser doble, desde la responsabilidad diferenciada entre países ricos y pobres o centrales y periféricos, así como de la responsabilidad diferenciada en ambas tipologías de país entre clases ricas y medias, por un lado, y las clases pobres, por el otro.
En términos generales se puede argumentar que hay una mayor responsabilidad histórica de parte de los países centrales puesto que en la periferia, en promedio, poco menos de la mitad de la población, hoy día no tiene acceso siquiera a las más básicas “bondades” de la modernidad (e.g. energía suficiente, sobre todo eléctrica o agua de calidad, ya no se diga servicios de saneamiento o servicios médicos de calidad, y mucho menos, servicios de telecomunicaciones, entre otros).[4] Así, por ejemplo, sólo en cuanto a energía se refiere, los países de la OCDE contribuyen con el 43.8% del consumo energético mundial; en contraste con América Latina que sólo anota 5.2%, Asia (excepto China) el 11.6% o África con el 5.7% (IEA, 2010)[5]. De subrayarse es que, además, la periferia concentra el grueso de la población mundial, factor que permite dar cuenta con mayor fineza las dimensiones de las disparidades mencionadas.
La geopolítica de los recursos naturales.
Frente a la presión que se ejerce sobre el medio ambiente al transgredir o acercarse cada vez más a las ya mencionadas fronteras ecológicas planetarias, pero también ante el aumento poblacional, la caída de las reservas de fácil acceso –y baratas– de materiales y de energía, y la creciente dificultad sociopolítica para acceder a ellas (pues los intereses sobre las mismas aumentan), garantizar el acceso a los recursos se coloca como una cuestión de primer orden en las agendas políticas y de seguridad de los Estados nación, sobre todo de aquellos que detentan un peso importante en la economía mundial.
El carácter estratégico de los recursos desde tal perspectiva radica entonces en el hecho de que las reservas existentes, su localización, cantidad y/o calidad, y accesibilidad están cambiando. Así, un recurso natural estratégico es aquel que es clave en el funcionamiento del sistema capitalista de producción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial. Puede además ser escaso o relativamente escaso, sea debido a las limitadas reservas existentes o como producto de relaciones de poder establecidas que restringen, en ciertos contextos socio-históricos, el acceso, gestión y usufructo del mismo. Aún más, un recurso natural estratégico puede o no tener sustituto, una cuestión que depende de la factibilidad y viabilidad material y técnica de ser reemplazado (vía otro recurso o por el avance científico-tecnológico), pero también de las características intrínsecas del propio recurso para el mantenimiento de estructuras de poder y de control propias al sistema capitalista de producción. Por ejemplo, un recurso energético debe ser muy eficiente (elevada condensación químico-física) al tiempo que se pueda monopolizar y por tanto de manipular, transportar y almacenar con facilidad: el petróleo es idóneo en dicho sentido.
Ahora bien, un recurso natural crítico, es aquel que es estratégico pero que además, por sus propias características tiene un bajo o nulo grado de sustitución y no sólo, debido al tipo de aplicaciones, éste permite contribuir con el mantenimiento de la hegemonía desde el ámbito militar (dígase por ejemplo, el uranio u otros minerales como el indio, manganeso, titanio, platino, paladio o las tierras raras).[6]
Otros recursos naturales pueden ser muy importantes para la realización, desarrollo e incluso expansión material de las naciones, por ejemplo dados los elevados patrones de su consumo, sin embargo, pueden no ser estratégicos ni críticos. En ese sentido, entre los materiales esenciales, se puede mencionar el hierro, el aluminio o los materiales de construcción (concreto), entre otros.
Desde luego, el sector agroalimentario es también “esencial”, siendo sin embargo la producción de granos básicos una cuestión estratégica. No obstante, debe subrayarse que en este caso, si bien el cambio climático ya generara ciertos efectos en la capacidad productiva de los principales granos en algunas regiones[7], el grueso de aspectos relacionados a la soberanía alimentaria siguen teniendo una mayor relación con cuestiones de política económica y de proyectos de nación. No sobra indicar que pese a la actual capacidad, más que suficiente de producción[8], ciertamente el panorama es complejo pues las implicaciones de no tener garantizada la seguridad alimentaria -sobre la base de una soberanía alimentaria- es ciertamente una cuestión de seguridad nacional puesto que pone en entre dicho la paz social y el orden interno. El futuro frente al cambio global de países con escasa capacidad de autoalimentarse hoy día, no se observa muy positivo, sobre todo en África y algunos países asiáticos.
Por lo indicado, resulta entonces evidente que las zonas con reservas importantes de recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), mineros, hídricos o de biodiversidad, se perfilen cada vez más como estratégicas y conflictivas. La geopolítización de los recursos alude así, al rol estratégico, crítico e incluso esencial, que ésos juegan desde una visión del poder de Estado y de las clases que lo detentan; noción que ha llevado a considerarlos en algunos casos como una cuestión de seguridad nacional e internacional.
En particular desde la década de 1990, se ha asociado en EUA el discurso de la degradación ambiental con el de geopolítización de los recursos dando como resultado la doctrina de la seguridad ambiental, misma que se precisa como el aseguramiento o “protección” de zonas ricas en recursos. Esto, en el fondo implica consolidar el acceso, uso y usufructo de los recursos en manos de EUA y/o sus “aliados”, sea por la vía del mercado, la ayuda o cooperación internacional, o la mano del Pentágono; todo en un contexto de una crisis ambiental creciente. Desde luego, como las implicaciones son mayores, esa seguritización de los recursos tiende a presentarse bañada de buenos propósitos de conservación del medio ambiente y hasta de atenuación de la pobreza. Así pues, ya desde 1991 la Estrategia de Seguridad Nacional de EUA incluye, de diversas formas y en distintas tonalidades, la variable ambiental asociada a la cuestión de seguridad nacional.
Las declaraciones de la CNA Corporation, una organización con sede en Virginia con fuertes vínculos al Pentágono, tienen la misma tonalidad de seguritizar los recursos bajo el lema de “seguridad ambiental”. Sugiere por ejemplo, que de cara a los impactos del cambio climático, el Pentágono tendría que asegurar la reducción de las vulnerabilidades de EUA, al tiempo que debería velar por la “paz” internacional, preparándose en ese sentido para operaciones rápidas y móviles en zonas de conflicto por recursos o de desastres (CNA Corporation, 2007). Algo similar sostiene Joshua Busby del Council on Foreign Relations de EUA, quien coincide con lo arriba expuesto, haciendo énfasis en las implicaciones a la seguridad que tienen los recursos naturales del Pasaje Norte en tanto que representan eventuales conflictos o tensiones, por ejemplo con Rusia y Canadá (Busby, 2007).[9] Otras zonas estratégicas por sus recursos y posición geográfica también son consideradas por el autor.[10]
Nótese que tal seguritización de los recursos implica entonces la toma de decisiones extraordinarias, comparables al caso de una amenaza militar, lo que incluso implica, naturalmente, la violación de toda soberanía nacional y autonomía de los pueblos; ello desde luego en zonas estratégicamente ricas en recursos.
Esto es una perspectiva que difiere notablemente de aquella concebida desde la ecología política y que prefiere analizar al recurso como factor de conflictos distributivos.[11]
En cualquier caso, es clara la extraordinaria relevancia que tienen los contextos, es decir, las características en el espacio y tiempo, tanto políticas y económicas, como sociales e internacionales (relaciones diplomáticas, militares, etcétera) de las situaciones en las que se gestiona y evoluciona un conflicto por uno o varios recursos en una región dada. Ésas pueden potenciar el conflicto, dígase: a) cuando el contexto económico es de crisis aguda con altos índices de desempleo e inflación; b) cuando el contexto sociopolítico estimula la desconfianza social, el aumento del uso de la violencia del Estado o incluso la instauración de regímenes autoritarios; c) cuando el contexto de las relaciones internacionales precisa tensiones con países vecinos o pugna por el mantenimiento de relaciones asimétricas que fomentan esquemas de economías de enclave netamente extractivas; etcétera.
Y sin embargo, los conflictos por los recursos siempre tomarán su dimensión concreta en lo local, por más que tengan o no, vínculos con esquemas de seguritización de mayor perspectiva y dimensión. Así, lo que tenemos y lo que seguramente se incrementará de seguir la actual tendencia de devastación del medio ambiente y de crecientes patrones de consumo, es un escenario de más y más conflictos locales-regionales por los recursos; un esquema en el que el discurso de la seguritización es un elemento útil y desde luego amenazante en los operativos de despojo y reapropiación de los recursos. Por tanto, con excepciones como la del petróleo, más que “guerras por los recursos”, al menos en el corto-mediano plazo, se observa una fuerte oleada de conflictos por los recursos y, en su caso, de criminalización, con todas sus implicaciones, de los actores más débiles.
Debe advertirse que el acceso, gestión y usufructo de los recursos por parte de los actores más fuertes, el grueso de las veces obedece, en efecto, al interés de lanzar dichos recursos al mercado internacional por lo que en principio existe un vínculo directo o indirecto a intereses geopolíticos mayores. Por ello que intereses foráneos estén también interesados en que sus “socios” o proveedores locales sean exitosos y mantengan una posición de poder privilegiada.
AL como reserva estratégica
Considerando lo arriba precisado, desde la perspectiva de los países centrales, AL se coloca como clara e importante reserva de recursos naturales estratégicos. Esto es particularmente cierto para EU dada su creciente dependencia de materiales y energía (Delgado, 2010A y 2010B) ya reconocida desde finales de la primera mitad del siglo XX, pues a decir de William Clayton, entonces subsecretario de Estado de EUA ya era observable que: “…debido al serio desgaste de nuestros recursos naturales durante la guerra, debemos ahora importar muchos minerales y metales…Ciertamente hoy somos importadores netos de casi todos los metales y minerales importantes excepto dos, el carbón y el petróleo. Quién sabe por cuánto tiempo podremos seguir adelante sin importar petróleo” (Kolko, 1972: 13).
Desde entonces la vinculación entre seguridad y el acceso a los recursos, se fue consolidando en la geopolítica estadounidense, siendo ya claramente patente durante las primeras décadas de la guerra fría cuando uno de los objetivos clave de EUA en América Latina (AL), como parte de su agenda de seguridad y de política exterior, era el acceso a “recursos estratégicos”. Para lograr esta meta, se consideró crucial garantizar la seguridad interna de los países que poseían dichos recursos, de tal suerte que fuera posible su exportación al “mercado internacional”: Los principales objetivos militares de EUA en AL eran y siguen siendo, según el Departamento de Estado (US Department of State, sin fecha), los siguientes: 1) la continua y creciente producción y provisión de materias primas estratégicas; y 2) el mantenimiento al interior de cada nación de una estabilidad política y una relativa seguridad interna, al menos la suficiente como para garantizar la protección de las instalaciones de las cuales dependen la producción y provisión de materiales estratégicos.
Ello era ya textualmente reconocido en un memorándum secreto del 30 de agosto de 1949 del secretario de la Defensa, Louis Johnson, dirigido al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional de EUA, Sidney W. Souers, al indicarse que, “…desde el punto de vista del Departamento de la Defensa, el abastecimiento ininterrumpido de recursos naturales estratégicos de América Latina hacia EUA es una cuestión vital para cualquier esfuerzo de guerra mayor [de proyección transoceánica] de EUA” (US Policy Regarding Hemisphere Defense, 1949-1950, 810.24/6-1049: 601). Al mostrar preocupación por la falta de capacidades por parte de los gobiernos latinoamericanos en turno (1948-1949) para mantener el orden interno de modo tal que se garantizara, por ejemplo el fluido curso del estaño boliviano, Johnson agregaba que había un “compromiso moral implícito” por parte de EUA para apoyar dicha estabilidad y asegurar los intereses de EUA en la región (Ibid: 604).
Años más tarde Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado, añadía que: “… el mundo depende cada vez más de productos minerales provenientes de países en desarrollo, y si el rápido crecimiento de la población frustra las expectativas de desarrollo económico y progreso social, la inestabilidad resultante puede disminuir las condiciones para incrementar la producción y el flujo sostenido de tales recursos” (Kissinger, NSSM, 1974).
A principios del siglo XXI, lo anterior se coloca como una cuestión claramente de preocupación pues el consumo anual per capita mundial de minerales primarios se estima pasó de 77 kilos en 1950 a 213 kilos en 2008, siendo el consumo de EUA de 380 kilos per capita anual, es decir 9 veces más que China y 15 veces más que India. Consecuentemente, la dependencia de EUA ha registrado un constante aumento. Justo por ello es que se sostiene que el cruce de la agenda político-económica con la diplomática-militar es por lo menos desde hace seis décadas una constante para EUA. Contexto en el que una lectura independiente de cada agenda, limita visibilizar la complejidad de la estrategia expansionista del capitalismo monopolista estadounidense y en cuanto tal, el rol que juega, dígase en AL. Una lectura de tal naturaleza para el caso comparativo del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida en México, concluye entre otras cuestiones que la política exterior de EUA en dichos países ha promovido escenarios de desestabilización-estabilización que facilitan o generan mejores condiciones para la transferencia de excedentes hacia EUA (Delgado y Romano, 2011).
Lo indicado es claro cuando se da cuenta puntualmente de la creciente dependencia de EUA. Los datos precisan que, por ejemplo, en términos de importaciones de petróleo, ésa pasó de ser en 1973 del 28% a cerca del 55% en 2003 y se calcula que para el 2025 será de un 70%. Los principales países exportadores de crudo y sus derivados hacia EUA (según datos de 2007) son Canadá (con 19%), México (15%), Arabia Saudita (14%), y Venezuela (13%).[12] Esto implica que en total, Canadá y AL suman el 50% de los cerca de 10 millones de barriles diarios que importa. Para dar una idea del ritmo de transferencia de crudo, el caso de México es más que manifiesto pues ha transferido más del 80% del crudo que exporta a EUA.
El caso de los minerales es similar. EUA requiere de 11.3 toneladas métricas de minerales “frescos” (no reciclados), necesidad que va en aumento. En 1980 EUA dependía al 100% de cuatro minerales y de 16 más en el orden de un 30% - 99%. En 1992 tal dependencia era de 8 y 22 minerales respectivamente y, para 2009, de 19 y 26.[13] Y dado que EUA no cuenta o no tiene suficientes reservas de materiales desde hace algún tiempo, el Pentágono ha declarado la necesidad de una estrategia nacional de almacenamiento. Se trata de una estrategia ya presente en la Ley de Almacenamiento de 1979, y en la que se contemplaba que, “…además de los proveedores estadounidenses, sólo proveedores Canadienses y Mexicanos podrán ser considerados como fiables” (CANDS, 2008: 28). Ello es todo un antecedente en la política exterior de EUA pues devela explícitamente su fuerte dependencia al resolver que los recursos canadienses y mexicanos se tornan a partir de entonces cuestión de seguridad nacional. He pues aquí presente la seguritización o geopolitización de los recursos vecinos plasmados en la propia legislación de eses país, misma que en 1991 fue geográficamente ampliada al considerar también como fuentes fiables a los países de la cuenca del Caribe (CANDS, 2008: 29).
Lo dicho toma relevancia si se observa que AL cuenta con minerales de gran uso e importancia en y para la economía mundial. Por ejemplo, el 46% de las reservas mundiales de bauxita (estimadas entre 55 y 75 mil millones de toneladas métricas) se localizan en Sudamérica (24%) y el Caribe (22%). Entre las más importantes de cobre están las chilenas con cerca de 360 millones de toneladas métricas o el 35-40% de las reservas base en el mundo. Otras son las peruanas con 120 millones y las mexicanas con unos 40 millones de toneladas métricas. En cuanto al zinc, el 35% de las reservas base[14] mundiales ó 168 millones de toneladas métricas, corresponden al continente Americano. Y en lo que respecta al níquel, vale señalar que las mayores reservas base en el continente y del mundo están en Cuba con unos 23 millones de toneladas métricas. Le sigue Canadá con 15 millones de toneladas y, aún más lejos, Brasil con 8,3 millones y Colombia con 2,7 millones de toneladas métricas (Delgado, 2010A).
Ante tal riqueza natural, denota una creciente transferencia hacia EUA, pero también hacia otros países ricos y hacia emergentes como China cuyas importaciones, tanto de petróleo como de minerales, han aumentado con creces.[15] Datos de 2010 del Departamento de Comercio de EUA precisan que el grueso de sus importaciones las constituyen petróleo, gas y minerales (Yorgason y Farello, 2010). Por ello el mayor déficit en la balanza comercial es con sus principales proveedores de materia prima o de productos maquilados, a saber, China, los países de la OPEP y México. Es un esquema en el que, mientras las exportaciones de recursos naturales de AL son cada vez más baratas, tanto socio-ambiental como económicamente (muestran una tendencia histórica de su valor a la baja; de 1876 como base, a 85% en 1913, a alrededor del 70% al cierre del siglo XXI), las exportaciones metropolitanas contienen un alto valor agregado pues el negocio de transformación de tales recursos es metropolitano y de ninguna manera periférico (Delgado, 2010B). Denota, por ejemplo, la exportación de petróleo crudo por parte de México que luego es importado en forma de gasolina que EUA le vende al país y que alcanza ya el orden del 40% de las necesidades nacionales (Delgado, 2010B). Asimismo, se sabe que una buena parte de la producción minera latinoamericana (alrededor del 50% de la mexicana) tiene como destino EUA, país que en su transformación en la industria metal-mecánica obtiene un valor añadido de más de 2.1 billones de dólares (trillions en Inglés) para todo el sector (según datos de 2006) y genera un total de 1.5 millones de empleos (NRC, 2008: 6).
En este contexto los ritmos de transferencia de recursos, como los minerales, son muy llamativos. En México, por ejemplo, las concesiones mineras ya alcanzan alrededor del 7% del territorio nacional. Las regalías por concesiones mineras que se han pagado en los últimos años se han fijado entorno a los 5 y los 10 dólares la hectárea; en lugar de hacerse con base en las cantidades extraídas de materiales (González, 2011A). El país, netamente productor de plata, se ha colocado desde principios del siglo XXI como un productor de oro importante siendo hoy día la principal producción metalífera del país al pasar de una extracción de 36 toneladas en 2006 a 80 toneladas en 2010, es decir, un incremento en las exportaciones no petroleras del 12.9% al 39.5%. De advertirse es que las exportaciones de 2001 a 2010 totalizaron 5,833 mdd, poco más de lo que el Banco Central de México pagó en mayo de 2011 por la tercera parte de lo que se envió de metal al exterior (González, 2011B).
Esta explosión de la IED minera en México obedece a la modificación, por un lado de la Ley de Inversión Extranjera de 1992 que permite la participación de esos capitales en un 100% de la propiedad (lineamiento impulsado en esa misma década prácticamente en toda América Latina). Por otro lado a la Ley de Minería, también de ese mismo año y con sus consiguientes modificaciones. Al día de hoy, en ésa se establecen, entre otras cuestiones la “plena seguridad jurídica” a las inversiones nacionales y extranjeras; la des-incorporación de asignaciones y reservas nacionales con el fin de privatizarlas (proceso impulsado desde el sexenio de Salinas [1988-1994]); un aumento en la certidumbre de las concesiones mineras en las que se establece la preferencia de uso minero del territorio y uso minero del agua sobre cualquier otro tipo de aprovechamiento; el establecimiento de 50 años como periodo de duración de las concesiones mineras con posibilidad de prórroga y de 6 años para concesiones de exploración con posibilidad de prórroga; y a diferencia de otros países latinoamericanos, la inexistencia de pago de regalías o derechos sobre la producción (en cambio se cobran derechos sobre la extensión de concesiones). Se suman otros aspectos relacionados con la deducción de pagos de impuestos (e.g. primer año de asignación minera libre de impuestos, deducción inmediata de la inversión al activo fijo), plazo de amortización de pérdidas fiscales de 10 años, o la excepción de pago por derechos o tasa de exportación.
Ahora bien, a pesar de indicadores mayores en la productividad minera, la participación del sector en el PIB nacional es muy baja y además ha sufrido una reducción paulatina desde 1983 al pasar de 1.63% a 1.1% de PIB en 2008 (Cámara Minera de México, 2009: 8). Se suma el hecho de que el empleo formal ronda los 270 mil trabajadores, esto es, alrededor del 0.2% de la población nacional y menos del 0.1% de la población económicamente activa (Ibid). El salario mínimo profesional ronda entre los 4 y los 6.5 dólares diarios dependiendo de la zona económica y el tipo de trabajo (INEGI, 2009).
Aún así, la clase política llamativamente sigue vendiendo estos proyectos como de “desarrollo”, generadores de empleo y de activación económica cuando en realidad se trata de actividades extractivas de enclave, fundamento de la transferencia de minerales hacia los países metropolitanos -principales consumidores de los mismos- y que en esencia es similar al del saqueo colonial, con la diferencia de que hoy por hoy se sostiene bajo el ropaje del comercio internacional y el “libre mercado”.
Considerando lo arriba dicho y ante tal escenario de claro comercio desigual, se suma el hecho de que AL no es sólo reserva estratégica de recursos naturales, también es clave tanto en términos de la realización y transferencia de excedentes, dígase por medio de la IED, la transferencia de tecnología, el pago de la deuda y el negocio de la “seguridad”. Así, mientras por un lado, la deuda externa latinoamericana sigue siendo un lastre (Toussaint y Millet, 2009)[16]; por el otro, EUA y otras potencias metropolitanas, mantienen importantes flujos de capital por medio de los cuales han especulado y se han hecho de los principales activos de las naciones latinoamericanas; desde petróleo y yacimientos mineros, hasta puertos y aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, etcétera. Por ello, no es casualidad que EUA registre una tendencia creciente en ganancias provenientes de propiedades del extranjero.[17]
Tampoco lo es que AL se coloque como una de las regiones receptoras de una muy buena parte de la IED mundial, al tiempo que constituye un importante mercado para los productos manufacturados de países metropolitanos; de ahí que los tratados de libre comercio bilaterales sean de su interés pues en la práctica, han resultado en una ampliación de las asimetrías imperantes y en el incremento de la transferencia de recursos y excedentes por parte de AL. Datos de la inversión de EUA en el extranjero devela nítidamente el carácter de reserva estratégica que desde su visión juega particularmente AL pues uno de los rubros con mayores recursos, de entre todos, se constata precisamente en el sector minero en AL, mientras que el resto de sectores productivos, dígase de alta tecnología, son prácticamente nulos. Véase Tabla 2.
| Tabla 2. Inversión Directa de EUA en el Extranjero - 2009 (mdd) | |||||||
| Región/ País | Todas las industrias | Minería | Químicos | Maquinaria | Equipo Eléctrico | Equipo de transporte | Servicios científicos y técnicos. |
| Todos los países | 248,074 | 22,259 | 15,759 | 3,627 | 1,316 | 804 | 6,545 |
| Canadá | 18,085 | 2,572 | 1,156 | -114 (entrada) | 119 | -4,643 (entrada) | 743 |
| Europa | 129,014 | -576 (entrada) | 11, 596 | 2,305 | 738 | 1,643 | 3,887 |
| América Latina y el Caribe | 66,149 | 10,795 | 1,898 | 617 | 229 | 2,015 | 171 |
| América del Sur | 14,550 | 8,070 | 638 | 386 | Dato no disponible | 1,939 | 224 |
| México y Centro América | 7,069 | 1,042 | 1,055 | 194 | 176 | Dato no disponible | 4 |
| África | 5,733 | 5,423 | 152 | 25 | 3 | 42 | 68 |
| Medio Oriente | 4,925 | 994 | 42 | 87 | -3 (entrada) | < 0.5 | -5 |
| Asia – pacífico | 24,168 | 3,052 | 915 | 707 | 230 | 1,747 | 1,680 |
| Nota: los datos por región es el balance de las salidas y las entradas de la inversión directa. | |||||||
Por supuesto, la región registra una IED de diversos países, no sólo de EUA. Y su tendencia es ascendente pues concentra el 25% de ésa destinada a países periféricos, pasando de 20 mil mdd anuales promedio para e 1991-1995, a unos 91 mil mdd para 2004 – 2008, siendo el último año, récord de captación al alcanzar 128 mil mdd (CEPAL, 2009: 26). Al mismo tiempo, se advierte que tal IED genera una transferencia de ganancias abrumadora. Por ejemplo, sólo las 60 corporaciones no financieras más grandes de AL registraron ventas en 2007, por casi cuatro veces más que el total de IED para ese mismo año (América Economía, 2010).
Se suma el hecho de que de las 500 empresas más grandes de la región, por su dimensión de ventas en 2009, 32% correspondían a petróleo, gas y electricidad, 5% a la minería, 4% a la agroindustria y 2% al cemento y papel. Esto es, casi la mitad de las ventas estaban asociadas a actividades prácticamente extractivas (con base en: Ibid). Datos más reciente pero de distinta fuente (Rubio, 2011) corroboran lo anterior pues las ventas de 2010 del sector del petróleo y gas representaron el 24.5%; el de electricidad el 9.5%; las mineras el 3.8%; las siderúrgicas y metalúrgicas el 6.35%; la del cemento y vidrio el 1.57%; las de papel el 0.84%; y la agroindustria y la pesca el 1.88%. Así y considerando que las metodologías y las fuentes son distintas para cada año, puede afirmarse que la composición se mantiene a la fecha prácticamente sin cambio importante alguno.
En términos de política económica, lo anterior significa que AL está subordinada a los intereses y flujos de capital metropolitanos pues en la región, los grupos de poder local han aceptado y promovido una peculiar división internacional del trabajo propia de un capitalismo sui generis latinoamericano (Marini, 1973) en la que su principal función radica en actividades primario-exportadoras y manufacturero-exportadoras. Pese a ello, el negocio es mayor y coloca a unos cuantos personajes locales (o miembros de la oligarquía) entre los más ricos del país, la región e inclusive del mundo. Al respecto, léase: Delgado, 2009.
En este tenor no sorprende pero sí llama la atención que por ejemplo en materia de extracción de minerales, gerentes de multinacionales mineras y altos funcionarios del gobierno de EUA y Canadá (principal país que funge como plataforma de capitales mineros en el mundo –léase: Sacher, 2011), se reunieran en 2005, por un lado, para coordinar esfuerzos publicitarios que promovieran una imagen positiva de la industria en Perú (y por corolario, en AL y otras latitudes), y por otro lado, pata también hacer llegar a los gobiernos el mensaje que “es crucial detener la impunidad de aquellos que dañan la propiedad privada y bloquean los caminos” (Wikileaks, 2005). Esto acompañado de la “sugerencia” a las entidades de gobierno de educación y la Iglesia católica correspondientes, de rotar a profesores y curas dado que se identifican como incitadores de conflictos (Ibid).
Súmese además la implementación de lo que puede verse como mecanismo de advertencia, presión e inclusive de promoción de la (auto)censura, especialmente en la investigación académica; ello por la vía del uso de la fuerza legal. Esto quedó claro en 2011 cuando Barrick logró un arreglo extrajudicial con los autores del libro “Canadá Negra” (Écosiété Inc. Canadá, 2008) luego de que los acusara el mismo año de publicación ante la corte de Quebec por difamación, entre otras cuestiones, por citar la referencia de algunas fuentes hemerográficas que indicaban la supuesta implicación de la empresa en el Congo durante los años conflictivos de la década de 1990. El acuerdo incluyó el compromiso por parte de los autores de retirar lo dicho sobre la empresa y de indicar que el libro no constituye una condena general de las empresas.
En contraparte se observa lo que se ha calificado como el blanqueo de crímenes de las empresas mineras en el sentido de la constatación de casos de empresas mineras que comienzan operando en la ilegalidad -y por tanto de modo impune-, pero que en el transcurso de los primeros años de operación y como producto de la presión de movimientos sociales tanto por la vía de la protesta como por la legal, logran cambiar las reglas del juego (legales) asegurando, tarde que temprano, la “legalidad” de su operación al gestionarse oportunamente cambios ad hoc en las normativas, permisos o del uso del suelo (al respecto léase: Sacher, 2011; Enciso, 2011).
Seguridad ecológica y justicia socio-ambiental.
El uso de la fuerza o la amenaza del uso de ésta como procedimiento predilecto de la seguritización de los recursos es muy problemático, no sólo porque se puede salir de control y generar un polvorín social, sino porque puede ser utilizado por los grupos de poder como mecanismo para criminalizar y reprimir los movimientos sociales en defensa legítima de sus recursos y el entorno natural que los contiene en tanto que este último figura como sustento de vida de dichos pueblos. Al cierre del 2010 se estimaban 155 conflictos en 168 proyectos mineros en AL (consúltese: www.olca.cl/ocmal). La gravedad en algunos casos ha llevado al asesinato de actores clave. Véase Cuadro 3.
| Cuadro 3 Asesinato de líderes anti-mineros, eclesiásticos o funcionarios en contra o regulando las operaciones de empresas mineras en AL (muestra de casos). | |||
| Año | Ubicación - País | Recurso en cuestión / conflicto | Acto de criminalización |
| 2012 | México | San José del Progreso, proyecto de la minera Cuzcatlán (filial de la canadiense Fortuna Silver), Oaxaca, México | Asesinato de Bernardo Méndez, líder antiminero, integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en lucha por el cierre de la mina. En el mismo evento fue herida gravemente Abigail Vásquez Sánchez. La Coordinadora asegura que con la muerte de Méndez suman 3 asesinatos imputables a la empresa, misma que además ha violado derechos humanos. Las otras dos muertes se indican líneas abajo. |
| 2011 | Nariño, Colombia. | Proyecto minero “Mazamorras Gold” de la empresa Gran Colombia Gold. | Agresiones contra pobladores de Vereda Bolívar, Corregimiento de Santa Marta, del municipio de San Lorenzo. Asesinato de Harvey Quiroz, dirigente sindical y social el día 7 de octubre de 2011. |
| 2011 | Marmato, Caldas, Colombia | Proyecto minero de oro aparentemente de la canadiense Medoro Resources Ltda. | Asesinato del sacerdote Reinel Restrepo, líder de la resistencia al traslado del pueblo para la implementación de proyectos mineros en la región. |
| 2011 | Pereira, Colombia. | Explotación aurífera a cielo abierto. Opera en la región la canadiense Quedada. | Asesinato del ambientalista Jorge Eliécer de los Ríos, líder en la denuncia de la minería a cielo abierto e integrante de Meedrura, ONG que trabaja tales temas. Su trabajo se centró en la región de Quinchía y en donde se explota oro por parte de la canadiense Quedada. |
| 2010 | San Juan Copala, Oaxaca | Proyectos de prospección minera diversos. | Asesinato en abril de 2010 de “Betty Cariño”, líder social opositora a proyectos mineros y en defensa de los derechos humanos en México y en Oaxaca (especialmente de comunidades indígenas Triquis); fue directora de Colectivo Cactus, integrante de Jubileo Sur y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) |
| 2010 | San José del Progreso, Oaxaca., México. | Minería de material pétreo y proyecto minero La Trinidad (de plata) de Minera Cuzcatlán (filial de Fortuna Silver). | Asesinato del entonces presidente municipal, Oscar Venancio Martínez y del regidor de salud de esa demarcación, Félix Misael Hernández. La versión de los pobladores es que se debió a causa de disparos por parte de la escolta de los funcionarios. La versión de gobierno es que fue emboscada de los pobladores quienes fueron acusados y criminalizados (en particular Jorge Sánchez Hernández, Marcelino Padilla Vásquez, José Guadalupe padilla, Lorenzo Vásquez López, Silvino Macrino Vásquez Sánchez, Ignacio Francisco Vásquez Sánchez, Silvino Vásquez López). Las detenciones, se acompañaron de la supuesta tortura del párroco Martín Octavio quien apoya el movimiento antiminero. |
| 2010 | Temascaltepec, Estado de México., México. | Presunto accidente de derrame de químicos por la empresa canadiense Genco Resources, titular de la mina “La Guitarra”. | Asesinato de dos inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Estado de México, Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas. |
| 2009 | Chicomuselo, Chiapas., México. | Proyecto minero de barita y oro de la canadiense Black Fire. | “Levantamiento” en agosto de 2009 y posterior asesinato del activista antiminero Mariano Abarca en noviembre de 2009, opositor al proyecto de Black Fire en Chicomuselo e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). |
| 2009 | San Isidro Cabañas, El Salvador | Proyecto de minería de oro propuesto por Pacific Rim (Canadá) | Amenazas a integrantes de Radio Victoria, del ADES, del Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y del Movimiento Unificado Francisco Sánchez-1932 (MUFRAS-32). Intentos de secuestro y asesinado del sacerdote Luis Alberto Quintanilla. Desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, activista político, anti-minero y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en julio de 2009. Asesinato de Ramiro Rivera Gómez (sin parentesco con el anterior), Vicepresidente del CAC en diciembre de 2009. |
| 2005 | San Marcos, Guatemala. | Proyecto minero Marlín de oro a tajo a cielo abierto. | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares en mayo de 2010, instando al Gobierno de Guatemala a las suspensión de las actividades de la Mina Marlín por afectar gravemente a las condiciones de vida de dieciocho comunidades indígenas que no fueron debidamente consultadas. La decisión de la CIDH resulta después de numerosos casos de intimidación, el asesinato en enero de 2005 de dos lideres sociales y el relevo del obispo monseñor Álvaro Ramazzini tras conocerse un plan para asesinarlo. |
| 1998 | Cerro San Pedro, San Luis Potosí., México. | Proyecto minero de oro-plata a cargo de Minera San Xavier (de New Gold). | Asesinato del presidente municipal de Cerro San Pedro tras pronunciarse en contra del proyecto minero. |
| Fuente: elaboración propia con base en diversas fuentes hemerográficas. | |||
Desde el punto de vista de los movimientos sociales, el debate podría ser reducido por algunos actores a un asunto sobre el derecho universal a un medio ambiente sano que es vital para la vida, pero de fondo, lo que está en juego no es sólo eso, sino sobre todo la definición de cómo los pueblos latinoamericanos (y del mundo) han de relacionarse con la naturaleza y cómo han de gestionar su autonomía. Con las características socioeconómicas de Latinoamérica, los límites sociales de tolerancia ante esquemas de creciente saqueo son cada vez visiblemente menores. Ello ha tornado la lucha ambiental en una lucha de clase de diversos actores y con diversos lenguajes y expresiones.[18] Algunos son antisistémicos, otros son ecologistas, otros sólo no están de acuerdo con un proceso o esquema expoliador particular.
Es un panorama en el que el concepto de seguridad ecológica, en oposición al de seguridad ambiental (o de seguritización), adquiere una función explicativa importante si ése es entendido como la seguridad de los pueblos y de la diversidad de formas de vidas con las que compartimos el planeta, y no simplemente la del Estado. Y es que el abogar por la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos no sólo en el corto-mediano plazo, sino sobre todo en el largo plazo (lo que incluye su propia identidad y diversidad cultural e histórica), conlleva el establecimiento de una intensa relación armónica de la humanidad con la naturaleza. En tal sentido, la biósfera, como primer y último referente de la vida, se torna elemento nodal en la noción de seguridad ecológica.
Así, mientras la seguridad ambiental del Estado tiende más a la toma de medidas reactivas y por tanto a la búsqueda de una “paz” impuesta mediante la fuerza del Estado (la seguritización en su forma típica), la seguridad ecológica alude, como aquí es asumida, a la construcción y operatividad de medidas proactivas, dialogadas, consensuadas y, consecuentemente, socialmente justas.
Por eso, es cada vez más evidente la necesidad de idear, debatir y construir nuevos paradigmas, “otros desarrollos”, con profunda mirada histórica y crítica aguda y que en términos básicos sean socio-ambientalmente más armónicos y justos, que se piensen desde el decrecimiento biofísico (del menor uso posible de materiales y de energía) y que se alejen del extractivismo (o del despojo y el comercio desigual) como fundamento. Ello implica el replanteo a fondo de cómo gestionar el territorio, entendido como aquel en el que se plasman concretamente las relaciones de producción, circulación y consumo, así como las contradicciones de tales relaciones. En tal contexto, lo científico-tecnológico y la industrialización, si bien son importantes, no deben ser vistos en ningún momento como fines en sí mismos (tal y como lo propone la noción de “capitalismo verde”), sino como herramientas relevantes para la construcción de esos otros desarrollos posibles.
La construcción de alternativas, diversas pero convergentes sobre otras modalidades de hacer o construir el espacio territorial en toda su complejidad, precisan de procesos colectivos que requieren un compromiso por los bienes comunes (las condiciones de reproducción de la vida) y por el bien común de la humanidad (y que no se limita sólo a lo ecológico); una amplia capacidad de impulsar diálogos de saberes; una responsabilidad sociopolítica y una memoria histórica (social y natural); y sobre todo, imaginarios que buscan reproducir la vida en buenas condiciones –de calidad– para todos y cada uno de los sujetos, pero también para la diversidad de formas de vida con las que compartimos el planeta (Fundación, Rosa Luxemburgo, 2011; y Delgado, 2011).
Dar cauce a la construcción de “otros desarrollos”, requiere de entrada elevar el nivel de conciencia, organización y cohesión de la gente en sus diversas magnitudes y modalidades.
Propuestas como el buen vivir son ejemplos de experiencias latinoamericanas en plena construcción y experimentación que, pese a ello, pero precisamente por ello, son de gran relevancia actual (Para una reflexión sobre el tema, léase: Farah y Vasapollo, coord., 2011; Acosta y Martínez, comp, 2009). Su avance concreto, así como su análisis, debate y crítica constructiva en todas sus múltiples aristas y desde una perspectiva no sólo académica, sino también propia del activismo político y en general desde los pueblos, es cada vez más pertinente y necesaria. Ello sobre todo ante falsas propuestas (o en el mejor de los casos, limitadas) que precisamente nos han llevado a la actual situación de debacle o de cambio global.
Publicado en Realidad Económica.
No. 265. Enero-Febrero de 2012.
Buenos Aires, Argentina. pp. 60-84.
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[1] Economista egresado de la UNAM. Maestro y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Integrante del sistema nacional de investigadores del CONACYT. Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores 2011 en investigación en Ciencias Sociales.
[2] Paul Crutzen acuñó el término en 2002 (Crutzen, 2002). Junto con otros autores, sugiere que ya no estamos viviendo en el Holoceno, sino en la época del Antropoceno y que se caracteriza por el hecho de que la humanidad está cambiando profunda e irreversiblemente el planeta entero como nunca antes (Zalasiewicz, Williams, Steffen, y Crutzen, 2010). Es importante diferenciar el término de era y época geológica. La primera es de muy larga duración (millones de años), mientras que la segunda alude lapsos temporales menores. Ésta última está compuesta por periodos geológicos. En este contexto es de precisarse que la idea de que el ser humano es el principal responsable de tales cambios no es nuevo. Se observa ya con las advertencias de Stoppani (1873), de Le Conte (1879) y de LeRoy (1927), quienes hablaban respectivamente de la era del Antropozoico, del Psicozoico y de la Noosfera. Más recientemente destaca el trabajo de Leakey y Lewein (1996) en el que hablan de que la próxima extinción será causada por el ser humano.
[3] Las estimaciones varían. Para la Global Footprint Network, la humanidad pasó de usar, en términos netos, la mitad de la biocapacidad del planeta en 1961 a 1.25 veces en 2003 (Global Footprint Network, 2004). Según Redefining Progress la biocapacidad del planeta había sido rebasada, para el año 2005, en un 39 por ciento (Venetoulis y Talbert, 2005).
[4] Ejemplificando. El consumo de energía en los países más ricos es 21 veces per capita más que en los más pobres. De modo parecido, el 85% del usufructo y consumo del agua dulce se le adjudica tan sólo al 12% de la población más rica del orbe (Delgado, 2005: 25).
[5] Por ejemplo, entre los mayores importadores de petróleo, según datos de 2008 están EUA, Japón, China, India, Corea, Alemania, Italia, Francia, España y Holanda. Mientras que los mayores exportadores para ese mismo año son Arabia Saudita, Rusia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Angola, Noruega, Kuwait, Irak y Venezuela (IEA, 2010). De notarse es que en este panorama, sean los países de OCDE los que concentren el 53.2% de la capacidad de refinación de petróleo (Ibid).
[6] Este tipo de minerales son claves. El uranio en la producción de energía eléctrica y en la elaboración de diverso armamento, no sólo cabezas nucleares. El indio se emplea en interruptores cerámicos magnéticos que se utilizan en celulares y otros sistemas de comunicación. También en pantallas planas y celdas fotovoltaicas. El berilio y las tierras raras son útiles en la fabricación de computadoras y otros electrónicos, sensores, misiles, satélites y hasta cabezas nucleares. El titanio en sistemas de propulsión de aviones, en el corazón dieléctrico de los teléfonos y otras aplicaciones de tipo estructural.
[7] Según estimaciones recientes, las tendencias de 1980 a 2008 en los principales cultivos (maíz, trigo, arroz y soya, mismos que representan el 75% de las calorías que los seres humanos consumen directa e indirectamente) han tenido desviaciones considerables relacionadas al cambio de la temperatura y otros efectos asociados al clima. Para el caso de la producción mundial de maíz y trigo, la producción disminuyó 3.8% y 5.5% respectivamente comparándose con escenarios sin cambio del clima. Para la soya y el arroz, se identifican cambios regionales que sin embargo logran un balance a nivel global. Cabe precisar que la mayor pérdida en la producción de trigo en ese periodo, fue en Rusia con casi una caída del 15%, mientras que el mayor productor, EUA, no registró cambio importante alguno de cara a los cabios del clima. La producción de trigo en países como Francia se torna altamente sensible al cambio del clima, mientras que lo mismo sucede en el caso de los cultivos de arroz en India. Léase: Lobell et al, 2011.
[8] Se estima que al cierre de la primera década del siglo XXI, la producción de granos básicos equivale a 1kg/diario/per capita (Lobell et al, 2011). Desde luego, el alto consumo de carne (que además de agua, tiene como principal insumo los granos) por parte de las clases sociales acomodadas, sobre todo de los países ricos, constituye una de las principales causas de desnutrición, misma que ronda los 950 millones de habitantes, siendo un 10% de ésos, niños menores de 5 años.
[9] Otro autor que indaga el caso del Pasaje Norte y que vale la pena revisar por las luces que da en términos de probables escenarios de seguritización de los recursos ahí contenidos, es Smith con un análisis prospectivo al 2050 para lo que él denomina “el nuevo Norte” (Léase, Smith, 2011).
[10] Según suscribe Busby, EUA tiene también intereses de seguridad nacional en los países que son vulnerables al cambio climático pues sus impactos ahí pueden tener repercusiones en la madre patria. Por ejemplo en lo que refiere a afectaciones a sus bases militares y embajadas, a corredores de transporte de mercancías o en relación a daños a intereses de aliados o posibles tensiones con competidores por recursos naturales (Busby, 2007: 7).
[11] Para contribuciones sobre la seguritización de los recursos naturales, léase: Homer-Dixon, 1999; y Barnett, 2001.
[12] En: ftp://ftp.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/data_publications/company_level_imports/current/import.html
[13] De los 63 minerales reportados con uno u otro grado de dependencia (en términos de importaciones) por el Servicio Geológico de EU 45 son importados del Hemisferio Occidental, siendo 28 de AL y el resto de Canadá. Esos son, en orden descendente en tanto el porcentaje de lo importado en términos del consumo doméstico de EU, los siguientes: bauxita y alúmina (Jamaica y Brasil); fluorita y grafito (México); mica (Brasil); colombio o niobio (Brasil); estroncio (México); tantalio (Brasil); antimonio y bismuto (México); estaño (Perú y Bolivia); renio (Chile); piedra (Brasil); zinc (Perú y México); plata (México, Perú y Chile); tungsteno (Bolivia); amoníaco (Trinidad y Tobago); silicio (Venezuela); cobre (Chile, Perú y México), yeso (México); sal (Chile, México y Perú); aluminio (Brasil y Venezuela); hierro y acero (México); sulfuro (México y Venezuela); piedra pómez y cal (México); piedra triturada (México y Bahamas). Para una revisión más detallada, léase: Delgado, 2010A.
[14] Se estiman hasta 1,900 millones de toneladas a nivel mundial contando aquellas por descubrir.
[15] En 2005, China consumía el 26% del acero y el 47% del cemento mundial. Es el mayor consumidor de plomo y el mayor productor y consumidor de carbón del mundo con más de 2,200 millones de toneladas métricas (Li, 2006). AL es una región crecientemente estratégica para el tigre asiático que destina 9% de los proyectos de inversión en el exterior directamente a la obtención de petróleo y minerales, siendo AL la tercera región de importancia con 13% de los recursos invertidos después de África (46%) y Asia (33%) (Libro Blanco de la Ayuda China en el Exterior - 2011). Según datos de 2008, China obtenía de Chile el 90% de sus importaciones de cobre provenientes de AL; de Brasil el 89% las de acero; de Chile el 47% y de Perú el 39% de los metales y concentrados metálicos; de Brasil el 65% y de Colombia el 20% del petróleo; y de Brasil el 55% y 43% de Chile de pulpa de papel y papel reciclable. El peso del sector extractivo es también evidenciado en tanto a los proyectos de inversión China en la región, siendo entre los principales los siguientes: mil mdd para la extracción de hierro en Perú por parte de Shougang Group; 10 mil mdd en el sector petrolero de Brasil por parte de China Development Bank en asociación con Petrobras; 1,600 mdd para la explotación de hierro en Brasil por parte de Baosteel en asociación con Anglo American; 1.900 mdd para la extracción de hierro en Chile por parte de Shunde Rixin y mil mdd más para la obtención de cobre por parte de State Grid; 4,700 mdd para la producción de acero en Brasil por parte de Wisco y 1,200 mdd para la extracción de hierro por parte de East China Mineral así como poco más de 10 mil mdd en petróleo brasileño por parte de Sinochem (30%) y Sinopec (70%) (Koleski, 2011).
[16] Entre 1982 y hasta 1996, en catorce años, AL había pagado 739,900 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que debía en 1982 -unos 300,000 millones de dólares- y sin embargo seguía debiendo 607,230 millones de dólares. La tendencia se mantiene hasta ahora. De 1985 al cierre de 2004, la deuda de AL pasó de 672 mil millones a 1,459 mil millones de dólares. La transferencia neta ha sido negativa para AL prácticamente toda la década de 1980, 1990 y lo que va del presente milenio.
[17] Al cierre del primer cuatrimestre de 2010, las propiedades de EU en el extranjero habían aumentado en unos 300 mil mdd mientras que las ganancias producto de la inversión directa en el extranjero alcanzaba los 105 mil mdd (Yorgason y Farello, 2010).
[18] Dicho fenómeno es calificado por Martínez-Alier (2004) como “el ecologismo popular o de los pobres”.
