Martes 28 de junio de 2011
Minería: saqueo institucionalizado
¿Dominio directo de la nación?
Trasnacionales: 40 centavos por dólar
Se trata del boyante negocio de la minería en México (con ingresos majestuosos para los empresarios concesionados, salarios de hambre para los trabajadores y aire para las arcas públicas), que desde hace 20 años pasó del Estado a manos privadas, vía generosas concesiones (paraíso fiscal incluido), por decisión de los gobiernos neoliberales que sin rubor alguno se han pasado la Constitución por el arco del triunfo. A cambio, por cada una de las más de 25 millones de hectáreas concesionadas en dicho periodo para tal fin, semestralmente el erario recibe entre 5.08 y 111 pesos (tarifas 2011), cuando pagan.
En la entrega de ayer se documentó el espeluznante caso de la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. Alguien podría suponer que esa es la excepción, pero no: es la regla, por mucho que el secretario de Economía, Bruno Ferrari (titular de la dependencia que expide las concesiones respectivas) asegure que en México “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país… debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, la inversión extranjera directa en este sector durante el sexenio calderonista (2007-2012) ascendería a 22 mil millones de dólares, de los que 13 mil millones se invertirían entre 2010 y 2012. El 75 por ciento de ese capital corresponde a consorcios canadienses (que se quedan con la gran tajada), y 15 por ciento a estadunidenses. Lo mejor del caso es que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación.
El citado Bruno Ferrari también asegura que los mineros mexicanos tienen un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional. Si fue chiste, resulta bastante malo, pero peor aún es el panorama salarial para los trabajadores: de acuerdo con la estadística del Inegi, en 1998 la remuneración nominal promedio (salarios y sueldos, siendo éstos mucho mayores que los primeros) en el sector fue de 148.6 pesos; en 2008 ascendió a 231.17 pesos, un incremento de 55.56 por ciento en el periodo, es decir, la mitad del crecimiento inflacionario en igual lapso (108.22 por ciento, con información del Banco de México). De cualquier suerte, con 231.17 pesos a nadie le alcanza para vivir, salvo a Ernesto Cordero.
Lo anterior se compara con los felices resultados para las empresas mineras (nacionales y foráneas) concesionadas por el gobierno federal: entre 1998 y 2008 el número de unidades económicas censadas apenas creció 1.45 por ciento, pero su producción bruta total se incrementó 175 por ciento, sus activos fijos netos 385 por ciento y sus ingresos 165 por ciento. Pero más allá de las tarifas de mentiritas que dice el gobierno que les cobra, su ganancia también se ha fortalecido por otra parte: en igual lapso, el número de trabajadores a su servicio sólo avanzó 11.6 por ciento, de tal suerte que con un salario real cada día menor, las cargas de trabajo se han incrementado brutalmente.
Ese es el resultado concreto de la gerencia instalada en Los Pinos, o si se prefiere el sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país (Ferrari dixit), aunque justo es mencionar que en todo esto el Poder Legislativo no está libre de responsabilidad. No sólo aprobó las modificaciones (un giro de 180 grados) a leyes secundarias para que el dominio directo de la nación en materia minera simplemente quedara en el papel, sino que el tema es de su interés (por llamarle de alguna forma) sólo cuando le es políticamente útil. Para lo demás, el business es el business.
Justo en 2009, cuando las empresas mineras que operan en México obtuvieron los citados 10 mil millones de dólares, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de ley, que en su parte medular proponía el cobro de un derecho por el 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que los consorcios nacionales y foráneos nada pagan por la enorme riqueza puesta a su disposición por los generosos gobiernos neoliberales.
Uno de los elementos que sustentó tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
Ante tal propuesta, rápidamente la oligarquía minera soltó a sus cabilderos –la propia Secretaría de Economía, entre ellos– para que tal iniciativa no pasara de ser leída ante el pleno. Directamente se envió al bote de la basura, y a cambio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 quedó claro que por concepto de regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, el erario recibiría cero peso, cero centavos, y que las tarifas por hectárea serían de 5.08 pesos (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima). Para 2011, la misma ley, aprobada por el Legislativo, ratificó la decisión. El saqueo, pues, institucionalizado.
Jueves 30 de junio de 2011
Minería: espeluznante actualización
A empresas, 26% del territorio nacional
Para los consorcios, 51 millones de hectáreas
Un dato revela la dimensión del paradisíaco negocio que el gobierno federal garantiza al capital privado, y el descarado atraco para la República: sólo en 2010, el calderonato concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera, por las que el erario habría recibido (en el mejor de los casos, y utilizando un promedio tarifario) alrededor de 20 millones de dólares. En cambio, ese año los consorcios beneficiados (nacionales y foráneos) ingresaron a sus arcas poco más de 15 mil millones de billetes verdes (50 por ciento más que en 2009), una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos. Lo bueno es que la Constitución establece que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación.
La información actualizada sobre el número de hectáreas entregadas al capital privado minero proviene de un detallado análisis (El mineral o la vida; la legislación minera en México, abril, 2011), realizado por Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, dos destacados académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quienes lo comparten con México SA. En él se documenta, por ejemplo, que durante el gobierno de Vicente Fox se concesionaron poco más de 25 millones de hectáreas (promedio anual: 4.2 millones) para los fines citados; en cuatro de años de calderonato se otorgaron casi 26 millones de hectáreas (promedio anual: 6.4 millones), de tal suerte que entre ambos entregaron alrededor de 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, algo así como 26 por ciento del territorio continental mexicano.
López Bárcenas y Eslava Galicia señalan que la minería es una industria floreciente en México. Su incidencia en la economía nacional comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional (1992, Carlos Salinas de Gortari) y la firma del TLCAN, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación respectiva, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro.
Dicha actividad se regula por diversas leyes, pero la central es la Ley Minera. En ella, el carácter de la actividad minera se aparta de los fines establecidos en la Constitución, como aprovechar los recursos naturales para conseguir el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Contrario a estos fines, la Ley Minera declara la actividad como de utilidad, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales. Por si fuera poco, a partir de 2006 la concesión minera es única, es decir, no es posible diferenciar entre la otorgada para la exploración y la autorizada para explotación.
Pero no sólo se pueden explotar los minerales enunciados expresamente en la ley sino también otros que determine el Ejecutivo federal, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, indican los académicos. “Se trata de una disposición demasiado abierta que otorga facultades al presidente de la República para que declare, por la vía de un decreto administrativo, es decir, sin pasar por el Congreso de la Unión y por lo mismo sin tener carácter de ley, como minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos, o cualquier sustancia que en el futuro pueda ser comercializable en el mercado internacional… Si esta situación llegara a presentarse tendríamos un grupo de disposiciones legales y otro de disposiciones reglamentarias que enunciarían las sustancias reguladas en la ley minera, lo cual no tiene más objetivo que evitar su discusión por el Poder Legislativo si se aumentan o no las sustancias sobre las cuales el Estado puede otorgar concesiones para su aprovechamiento a los particulares. En otras palabras, sería un reglamento el que regulara una disposición constitucional”.
No acaba allí el paraíso: la norma aplicable “prevé que si las sustancias que llegaran a catalogarse como minerales ya se estuvieran explotando por particulares, éstos tendrían el derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, para lo cual bastaría que lo solicitaran y reunieran los requisitos que la ley exige para otorgarlas. Otras personas que no estuvieran explotándolas y tuvieran interés en hacerlo quedarían excluidas, situación que podría dar lugar a la concentración de las concesiones en unas cuantas empresas.
Entre los minerales que tienen una fuerte importancia en la industria y que es probable que se comiencen a explotar en los próximos años se encuentra el berilio (que se emplea en diversas aplicaciones, como la fabricación de computadoras, sensores, aviones, misiles, satélites y hasta en cabezas nucleares); el indio (interruptores cerámicos de los celulares y junto con el tantalio –bajo la forma de compuesto bario-zinc-óxido de tantalio– son componentes claves de las estaciones de las redes telefónicas de celulares; el indio, en el compuesto indio-galio-arsénico, también se usa para fabricar displays de cristal líquido o pantallas planas; el galio en circuitos integrados, junto con cadmio, selenio, telurio e indio, en la industria de las celdas fotovoltaicas); el germanio (fibra óptica, radares y electrónicos); el platino (lo mismo se emplea en convertidores catalíticos de automóviles, que en fabricación de circuitos integrados, electrónicos, capacitadores o monitores de cristal líquido), y el titanio (clave en la construcción de los arcos estructurales y sistemas de propulsión de los aviones y el dióxido de titanio de alta pureza, básico para el corazón dieléctrico de los teléfonos).
Otra de trasnacionales mineras
De Paredones Amarillos a Concordia
El caso, pues, aparentemente quedó cerrado tras la negativa de la autoridad ambiental. Pero ¡oh sorpresa!, la trasnacional canadiense, conocedora de cómo se manejan las cosas y los negocios en este país, procedió como se debe: simple y llanamente le cambió de nombre al citado proyecto: ya no se denomina Paredones Amarillos (como se conocía hasta febrero del año pasado), sino Minera Concordia (a partir de septiembre del mismo año), y con los apoyos políticos necesarios, Vista Gold va por la revancha. Y como si nada hubiera pasado, ni la Semarnat se hubiera pronunciado, el consorcio canadiense anuncia como novedad que
estamos en espera de la resolución y emisión de los permisos de cambio de uso del suelo forestal y un número de permisos menores necesarios para comenzar la construcción; una vez que todos los permisos se reciban, prevemos un aproximado de 18 mesespara comenzar la explotación aurífera en lo que antes se conoció como Paredones Amarillos. Es decir, están en espera de lo que les fue negado casi 16 meses atrás.
Por lo anterior, los ciudadanos organizados y movilizados de Baja California Sur tendrán que reiniciar la
batallaen contra de la trasnacional y del gobierno federal. Para que no se olvide de qué se trata, la organización Medio Ambiente y Sociedad, con sede en dicha entidad y presidida por Juan Angel Trasviña Aguilar, recuerda de qué se trata: los personeros de Vista Gold aseguran que el suyo
es un proyecto sustentable, pero la mega minería sustentable no existe
y para ello tenemos que considerar los enormes daños ambientales y sociales causados en diversos países: ecosistemas degradados, desechos tóxicos mal contenidos y/o tratados, importante emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero, tierras devastadas, aguas contaminadas, patrimonios históricos destruidos, comunidades enfermas y empobrecidas, etcétera.
Además, si no se quieren reconocer todas las evidencias existentes, entonces hay que hacerlo por la aplicación del principio precautorio que sostiene que habiendo dudas razonables y falta de evidencia científica, es obligatorio asumir medidas de protección de la naturaleza y la vida humana. “Como lo expresó el ministro del Ambiente de Ecuador: ‘si tenemos el riesgo de equivocarnos, mejor equivocarnos por el lado de la protección y no por el lado de la destrucción’”.
La trasnacional canadiense promete que el agua requerida en Concordia (antes Paredones Amarillos)
provendrá de una desaladora y posteriormente se la donarán a El Triunfo, El Rosario y Todos Santos, pero ¿qué hará con la gran cantidad de agua que de manera natural surgiría en ese inmenso hoyo? La ley minera los autoriza a utilizar esa agua, sin pedir permiso a ningún propietario, ejido o institución. No suena muy creíble que vayan a usar agua desalada, que tiene un alto costo por metro cúbico, en vez de esa agua gratuita. Es evidente que la desaladora es sólo una simulación para tratar de justificar su proyecto. Tendría que explicar a los habitantes de esas poblaciones cuál es el costo real de desalar y bombear agua hasta la sierra, para que ellos estimen si van a poder pagarlo. También debería decirles que la vida útil de esos equipos difícilmente supera los 10 años, aunque Vista Gold, en su manifestación de impacto ambiental, dice que durarán 15 años”.
De igual forma, la trasnacional asegura que en el proceso productivo
no va a existir contacto del agua con los sistemas naturales de la región y el recurso será reciclado a través de un circuito cerrado. Sin embargo, Medio Ambiente y Sociedad advierte: ¿Cómo evitarían que el agua que se infiltre al socavón, entre en contacto con el arsénico y los metales pesados que se van a liberar conforme vayan rompiendo las rocas con la explosiones diarias? ¿Podrían obturar las miles de fisuras por donde el agua ha fluido continuamente desde hace millones de años? Evidentemente no. Es imposible que se recicle toda el agua y todo el cianuro de la presa de jales. Hasta la fecha no se conoce ningún megaproyecto minero en el mundo que haya alcanzado un verdadero circuito cerrado”.
La organización civil no cree que la minera canadiense desconozca que el agua con cianuro que se recircula varias veces dentro de los procesos metalúrgicos se va saturando en sales, arsénico y metales pesados, perdiendo su eficiencia para la disolución del oro, por lo que ya no puede ser reutilizada y tiene que salir del
sistema cerrado, desechándose al medio ambiente (mar y/o sierra). Así,
en diez años al menos 27 millones de metros cúbicos de agua desalada entrarían en el sistema natural de la sierra, pero al final llevarían disueltas grandes cantidades de arsénico, cianuro y metales pesados, muy por arriba de cualquier NOM y van a contaminar las aguas de la sierra y los acuíferos circundantes, así como el mar, directa o indirectamente.
Vista Gold trata de justificar su proyecto altamente contaminante, cuando asegura que
la minería es uno de los principales rubros económicos de BCS. Sin embargo, Medio Ambiente y Sociedad precisa:
el hecho de que unas cuantas personas de San Antonio y El Triunfo trabajen como gambusinos, procesando los terreros extraídos por la minería antigua, no nos convierte en un estado minero. Además, ya sabemos cómo les fue a esos pueblos cuando se dedicaron de lleno a la minería: están en la miseria. Es falso que la minería sea uno de los principales rubros económicos del estado: sólo representa 4.2 por ciento del PIB local. En realidad somos un estado turístico: 55 por ciento del PIB proviene de esa actividad.
Pero a Vista Gold y sus amigos en el gobierno les vale. Demasiado oro involucrado como para atender la queja ciudadana y respetar la ley.
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